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Derechos humanos y defraudación fiscal

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Demostrar de manera contundente la delincuencia organizada

Las reformas por el Congreso de la Unión para la lucha contra las facturas apócrifas y la defraudación fiscal pueden constituir una violación a los derechos humanos, advirtió el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

 

Especificó que los cambios aprobados en el  Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, al Código Fiscal de la Federación y al Código Penal, tienen como objetivo catalogar a los delitos de defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada y por la expedición; venta; enajenación; compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados como conductas de la delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional.

 

La investigación elaborada por la dirección general de análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD), plasmada en el documento titulado “Defraudación fiscal y facturas falsas, realizado por las investigadoras María Cristina Sánchez Ramírez y Lorena Vázquez Correa.

 

pueden constituir una probable violación a los derechos humanos durante el procedimiento penal como consecuencia a las disposiciones de las legislaciones fiscal y penal, señala una investigación elaborada explicó que uno de los retos de las reformas, modificaciones y adiciones a los ordenamientos legales aprobados en materia de defraudación fiscal consiste en construir nuevas medidas legislativas que atiendan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el uso de la prisión preventiva, así como establecer la temporalidad de la misma, a fin de generar certeza jurídica a las personas investigadas con pleno respeto a los derechos humanos.

 

Las investigadoras consideran que es importante analizar la posibilidad de implementar medidas alternativas a la aplicación de la prisión preventiva, como pueden ser el arresto domiciliario o mecanismos electrónicos de seguimiento, además de establecer la obligación de realizar una audiencia previa a la imposición de ésta por parte de las autoridades judiciales ante la solicitud del Ministerio Público, a fin de evitar la imposición de una sanción anticipada sin pruebas fehacientes de ser crimen organizado y una amenaza a la seguridad nacional.

 

Además, debe señalarse con claridad y certeza jurídica los elementos que conforman el delito de delincuencia organizada, ya que, de acuerdo con los criterios de los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación, para que se actualice esa conducta, debe comprobarse la intención de participar y organizarse de forma voluntaria permanente o reiterada y tener conocimiento de que los fines de la asociación eran para delinquir, apunta el estudio.

 

De acuerdo con Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, la configuración del delito de delincuencia organizada debe de cumplir no sólo lo previsto por el artículo 16 constitucional, sino que también debe de comprobarse la intención de los integrantes de participar y organizarse de forma voluntaria permanente o reiterada para cometer delitos y tener conocimiento de que los fines eran para delinquir (SCJN, 2017).

Además, de acuerdo con el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, para la configuración del delito de delincuencia organizada se debe de considerar la reiteración de las conductas ilícitas de los miembros organizados para delinquir, lo cual deberá ser probado con elementos fehacientes (SCJN, 2014).

 

Destacó el documento que para incluir a la defraudación fiscal como una conducta de delincuencia organizada implica reconocer que su conducta es voluntaria, permanente o reiterada.

 

 


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